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PARAISOS FISCALES 2º parte

 

PARAISOS FISCALES (2º parte)

En el artículo anterior veíamos la enorme dimensión que desde una perspectiva económica tienen los Paraísos Fiscales a nivel mundial. Veamos ahora algunos datos de la “contribución” de nuestro país a esta actividad delictivo-criminal e insolidaria.

 

Los datos proporcionados por el informe de Intermon-Oxfan sobre este tema nos revelan que el uso de los paraísos fiscales por las empresas españolas se ha multiplicado por 4 en los últimos 15 años. Y en los últimos 5 años las empresas del Ibex-35 han multiplicado por 5 el número de filiales que han sido domiciliadas en territorios considerados como paraísos fiscales.

Ello es consecuencia de la Planificación Fiscal Agresiva o Ingeniería Financiera que las empresas aplican para eludir el pago de impuestos (elusión fiscal) o sencillamente para camuflar los beneficios y no pagar impuestos (evasión fiscal). Esta segunda figura es un delito castigado en el código penal. La elusión puede no ser delito pero hay que combatirla porque es insolidaria con los ciudadanos de nuestro país donde se han generado los beneficios.

Intermon-Oxfam desvela en su informe que lo que se deja de percibir de impuestos en nuestro país por esta actividad insolidaria o delictiva en los paraísos fiscales ronda los 20.000 millones de euros. Este cifra no ingresada -y de esto hay que ser muy conscientes- la pagamos, el resto de ciudadanos, para atender los gastos del Estado.

Como consecuencia, la carga fiscal por renta se ha desplazado considerablemente desde las empresas hacia las familias: Antes de la crisis las familias aportábamos el 75% y las empresas el 22%. En la actualidad las empresas aportan el 13%, y consecuentemente las familias han incrementado su aportación hasta el 84% del total de la carga fiscal del país.

¿Qué se puede hacer?

¿Se pueden combatir los paraísos fiscales? Dada la dimensión que han alcanzado y considerando el poder efectivo que tienen sobre todo las empresas que operan en ellos, es muy difícil pero no imposible. Lo fundamental es que haya “verdadera voluntad política” en los gobiernos para atajar la situación, porque declaraciones de intenciones se han realizado con cierta frecuencia (en las reuniones de los G-7, G-8 y G-20 a lo largo de los últimos años) pero acciones concretas muy pocas y ninguna verdaderamente efectiva.

¿Qué barreras existen contra las que se está luchando?

El secreto bancario. Su desaparición es una primera premisa enormemente importante. La OCDE lanzó la idea en el año 1998 con el objeto de evitar la evasión fiscal. Once años más tarde, en la reunión del G-20 en Londres, los países participantes declararon que el “secreto bancario había llegado a su fin”. Cuatro años después, en la reunión del G-8 en 2013 se acordó: “Las autoridades tributarias del mundo deben compartir información de manera automática para erradicar la plaga que es la evasión fiscal”. Es decir, las decisiones se toman de manera tan espaciada en el tiempo que resultan, cuanto menos, poco eficientes.

La transparencia. Totalmente necesaria para combatir el blanqueo del dinero. El origen de esta iniciativa hay que situarla en una acción de Naciones Unidas que se propuso en la Convención de Viena del año 1989. Por ella los Estados se comprometían o mejor se obligaban a penalizar el blanqueo del dinero y por entonces se localizaba fundamentalmente en el tráfico ilegal de drogas y estupefacientes. Algunos meses más tarde se creó el llamado Grupo de Acción Financiera en la reunión del G-7.

Con motivo de los atentados del 11-S en USA se incrementó la lucha contra este tipo de delito después de comprobar que también se financiaba a los grupos terroristas.

Por último, la OCDE ha asumiddo este tema con carácter principal en su agenda de trabajo, motivando a los Estados miembros a firmar acuerdos bilaterales de intercambio de información no solo en temas de blanqueo y financiación de actividades delictivas, sino también en cuestiones tributarias. Hasta el pasado año, 80 Estados han ratificado el acuerdo multilateral que permite el intercambio de información en materia fiscal.

¿Son suficientes estas iniciativas de los organismos que hemos citado? Desgraciadamente, en numerosos casos, no son suficientes por la falta de voluntad política en su desarrollo y aplicación. Un ejemplo: De acuerdo con las “normas” de la OCDE, España no debe considerar al Estado de Panamá como un paraíso fiscal ya que ambos Estados han firmado un acuerdo de cooperación e intercambio de información de todos estos temas (ésta es la condición que la OCDE considera necesaria para “sacar” de la lista de paraísos fiscales a un territorio). En la práctica Panamá pone todo tipo de pegas ante las peticiones que España le ha formulado sobre casos concretos. Panamá no investiga más allá de la petición estricta, cosa que es absolutamente necesaria dada la cantidad de sociedades interpuestas y de los testaferros que constan como titulares. Esta situación hace que ciertos territorios salgan y entren en las listas de paraísos fiscales según cumplan o no con la obligación de facilitar la información requerida. Pero también conlleva a que algunos territorios estén figurando en la lista de paraísos fiscales de un Estado pero no lo estén en la de otro.

¿Se puede hacer algo más?

Se puede y se debe. Para vencer las inercias de puesta en marcha de las acciones acordadas por los organismos internacionales que ya hemos visto y para superar las reticencias que por falta de voluntad política tienen los gobiernos para acometer auténticas acciones que combatan los delitos que se amparan detrás de los paraísos fiscales; a mi modo de ver es fundamental la presión que nazca en la sociedad civil.

En este sentido hay que destacar la labor que diferentes ONG’s (Attac, Intermon-Oxfam etc.) están desarrollando desde hace tiempo dando a conocer no solo la existencia de los paraísos fiscales sino también la naturaleza de los delitos que se están cometiendo al amparo de su existencia. También se hacen estudios estimativos del volumen de dinero que los Estados (y por lo tanto los ciudadanos) dejan de percibir, como ya detallamos en el anterior artículo.

Un caso concreto de “presión-colaboración” entre los ciudadanos y el poder (en este caso el legislativo) es el promovido por la Plataforma por una Justicia Fiscal.

El 3 de abril pasado, la Plataforma realizó un acto en el Congreso de los Diputados en el que además de informar a la sociedad sobre los paraísos fiscales se contó con la participación de un representante de cada uno de los cuatro principales Grupos Parlamentarios (PP, PSOE, UP y C’s). Como resultado de este acto se presentó una PNL (proposición no de ley) y que fue aprobada el pasado 3 de julio por la Comisión de Hacienda y Función Pública. En la PNL constan las siguientes propuestas:

- Revisar la lista para incluir en ella aquellos territorios que no colaboren de una forma efectiva con el intercambio de información.

- Promover normas por la que los bancos informen de las actividades de sus clientes en sus filiales localizadas en paraísos fiscales.

- Promover normas que impidan la ingeniería fiscal.

- Obligar a las empresas que superen un determinado nivel de cifra de negocios a informar a la AEAT de cualquier operativa que tenga origen o destino una entidad domiciliada en un paraíso fiscal; y en caso de su no cumplimiento, se prohibirá a la citada empresa a contratar con la Administración Pública.

Confiemos en que con las acciones descritas y otras que ya se están tomando y, aunque sea de una forma lenta, los paraísos fiscales vayan desapareciendo y se lo pongan difícil a los “usuarios” de las Guaridas Fiscales, no se van a quedar con los brazos cruzados y ya en estos momentos están ideando nuevos mecanismos para continuar con su insolidaridad y lo que es peor, con sus prácticas criminales.

Luis Zurdo Jimeno, es representante de la comisión diocesana Justicia y Paz en la Plataforma por una Justicia Fiscal, le agradecemos de corazón estas reflexiones.

 

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