¿COMO VAMOS EN MIGRACIONES?
El Defensor del Pueblo acaba de publicar su Memoria anual 2017.El Defensor del Pueblo realiza su función, mayoritariamente, a partir de las quejas de los ciudadanos expresando su discrepancia -y hasta su desaliento- por la actitud de las administraciones públicas.
En materia de extranjería, el informe de este año señala tres deficiencias:
Las más de 400.000 solicitudes de nacionalidad española por residencia que se encuentran pendientes de resolver en la Dirección General de los Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia.
Las 34.000 solicitudes de protección internacional pendientes de resolver en la Oficina de Asilo y Refugio de la Dirección General de Política Interior, dependiente del Ministerio del Interior.
Las más de 29.000 personas que han sido interceptadas intentando acceder de manera irregular a España en el pasado año. La gestión de esta cuestión corresponde a la Dirección General de la Policía, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. La acogida humanitaria de las personas en situación irregular que, por motivos diversos, no pueden ser repatriadas, así como la gestión de la acogida de los solicitantes de protección internacional, corresponde a la Secretaría General de Inmigración y Emigración, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Realidad gestionada a trozos
El Defensor del Pueblo se queja de la ausencia de una política migratoria en España, que contemple el fenómeno de las migraciones en su totalidad y articule a los distintos organismos de las administraciones públicas con competencias en la materia. En vez de ello, asistimos a una realidad gestionada “a trozos” desde distintos Ministerios, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, sin armonización entre ellos, cuando no enfrentados entre sí.
En 2006 se creó la Agencia Estatal de Inmigración y Emigración pero la Agencia nunca llegó a ponerse en marcha y fue formalmente suprimida en 2015.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo estima que es urgente y necesario retomar esta propuesta para buscar un modelo de gestión integrada entre los distintos organismos involucrados.
Vulnerabilidad y sufrimiento
La mayoría de las personas extranjeras no comunitarias tienen tarjeta de residencia de larga duración (85%) lo que significa que llevan más de cinco años residiendo legalmente en España. Y casi un millón de personas extranjeras ha adquirido la nacionalidad española en estos últimos ocho años (2009-2016).
Estas cifras reflejan la sociedad dinámica y diversa que ya somos, de gente que viene y gente que va. Y ayuda, quizás, a mejorar la información que tenemos sobre los procesos migratorios que se están desarrollando en nuestro país y romper la imagen de “invasión” que a veces se maneja en algunos medios de comunicación y en nuestros propios imaginarios.
(Gentileza de Cristina Manzanedo, Rev. Cristianisme i Justícia 10 Abril 2018)